Sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas climáticas

 Por Eva Alonso Epelde (Investigadora Junior en BC3)

Muchas personas todavía se preguntan qué tiene que ver el cambio climático con la lucha por los derechos de las mujeres o por qué las feministas seguimos insistiendo con que hay que incluir una perspectiva de género en las políticas climáticas. No obstante, las reivindicaciones de las feministas en lo que respecta a las cuestiones ambientales no son nuevas. Estos temas se llevan debatiendo desde la década de 1970 y muchas de las reivindicaciones del colectivo feminista han sido respaldadas por numerosos organismos internacionales. En este artículo presento algunas de las múltiples razones por las que el mainstreaming de género, es decir, la inclusión de la perspectiva de género en la formulación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas/planes/programas, es tan necesario en todas las fases de la política climática.

Las mujeres contribuyen menos al cambio climático, pero serán más afectadas

Las investigaciones científicas llevadas a cabo hasta la fecha muestran como el cambio climático afecta de forma más severa a las mujeres a pesar de que, por sus patrones de consumo, han contribuido en menor medida al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero [1]. Las mujeres son más propensas a perder la vida durante eventos climáticos extremos. Las mujeres dependen en mayor medida de la energía doméstica, ya que dedican más tiempo a tareas de cuidado dentro de sus hogares, y del acceso al transporte público, debido a los menores niveles de propiedad de vehículo privado y a sus preferencias por el uso de soluciones más respetuosas con el medioambiente. Además, las mujeres se encuentran en un mayor riesgo de pobreza energética y tienen menos opciones para invertir en alternativas bajas en carbono, como las energías renovables y la eficiencia energética, debido a sus menores ingresos.

Las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones

Históricamente las mujeres han estado infrarrepresentadas tanto en las negociaciones climáticas como en la toma de decisiones políticas a todos los niveles. En este sentido, hay que destacar que en la primera Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1995 entre las personas delegadas solamente el 18% eran mujeres [2]. Aunque bien es cierto que se ha avanzado en este ámbito y en la COP25 el porcentaje de mujeres delegadas ya ascendía al 40%, este avance es insuficiente ya que las mujeres no llegan a posiciones de liderazgo que les permitan defender sus intereses. De hecho, ese mismo año el número de mujeres que lideraban delegaciones solamente ascendía al 27%.

Además, aunque la presencia de las mujeres en las instituciones es importante, no se traduce directamente en resultados que favorezcan la inclusión de la perspectiva de género [3]. De hecho, asumir que una mujer a título individual defenderá los derechos e intereses estratégicos de las mujeres es un espejismo ya que en ocasiones las mujeres que entran en las instituciones se ven obligadas a ceder ante las presiones para encajar en unas reglas del juego que son desfavorables para ellas. Por eso, y por la falta de apoyo de los partidos u organizaciones a los que representan, en ocasiones una mayor representación de las mujeres no se traduce en una transformación de las estructuras de toma de decisiones que permitan abordar las desigualdades subyacentes que hacen que las mujeres sean más propensas a experimentar los impactos adversos del cambio climático y de las políticas para hacerle frente.

Las políticas climáticas mal diseñadas afectan más a las mujeres

Asimismo, según Markkanen & Anger-Kraavi [4] los colectivos más expuestos a los impactos negativos del cambio climático, entre los cuales se encuentran las mujeres, también son los más vulnerables a los efectos adversos de políticas climáticas mal diseñadas. Y es que, las políticas climáticas tienen el potencial de generar beneficios sociales y económicos que pueden reducir la pobreza y brindar oportunidades para abordar las desigualdades económicas, de salud y de género [4] y deben diseñarse e implementarse de manera inclusiva para evitar exacerbar las desigualdades existentes [5-9]. En este sentido, la literatura existente muestra que las políticas climáticas pueden generar tanto beneficios colaterales como efectos secundarios adversos de una forma diferenciada entre hombres y mujeres [10-12]. Por ejemplo, el análisis de la política energética ha reconocido los riesgos que tienen las mujeres en términos de pobreza energética, especialmente para los hogares rurales o de bajos ingresos [13-14].

El mainstreaming de género: de necesario a obligatorio

Tal y como se identifica en la Agenda 2030, el cambio climático, la transición energética y la igualdad de género constituyen tres de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Las numerosas iniciativas llevadas a cabo a nivel internacional, regional, nacional y local en este ámbito durante los últimos años son la prueba del gran interés político, científico y social existente a la hora de plantear respuestas que nos permitan abordar el cambio climático desde una perspectiva de justicia social e igualdad de oportunidades.

A nivel internacional, Naciones Unidas ha jugado un papel fundamental en la inclusión de la dimensión de género en las políticas ambientales. El primer precedente en incluir la perspectiva de género en la promoción del desarrollo sostenible fue la Cumbre de la Tierra de 1992 en la que se decidió adoptar una perspectiva de género en todas las políticas y programas ambientales y de desarrollo. Asimismo, durante la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijín (1995) se identificó el medioambiente como una de las 12 áreas críticas para las mujeres debido al papel que juegan las relaciones de género entre hombres y mujeres tanto en el acceso y el control de los recursos naturales, como en el acceso y uso de los bienes y servicios que estos brindan.

A nivel europeo también se han hecho numerosos llamamientos para integrar el principio del mainstreaming o transversalidad de género en toda la legislación, políticas e instrumentos relacionados con la acción climática (Resolución del 20 de abril de 2012 del Parlamento Europeo). Y es que, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), el género es particularmente relevante en las políticas climáticas, especialmente en el diseño e implementación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, ya que para no perpetuar las desigualdades existentes y asegurar una transición justa, estas deben tener en cuenta diversos aspectos relacionados con el género.

Estas recomendaciones también han calado a nivel nacional, tal y como se puede observar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, donde la igualdad de género junto con la sostenibilidad, constituyen dos de las cuatro líneas directrices del plan. En él se enfatiza la necesidad de aplicar la transversalidad de género e igualdad de oportunidades, así como la de incorporar la dimensión de género e inclusión de otros colectivos vulnerables en los sistemas de recogida y análisis de información.

Con todo, no cabe duda de que la acción climática, la transición justa y el mainstreaming de género están muy presentes en la agenda política. No obstante, si no tenemos en cuenta el género en las políticas ambientales y climáticas a largo plazo, corremos el riesgo de perpetuar las desigualdades actuales. Por ello, y si queremos saldar de una vez por todas la deuda histórica que tenemos con las mujeres y la deuda ecológica que tenemos con el planeta, es imprescindible seguir avanzando para incluir la perspectiva de género en las políticas medioambientales.

 

Bibliografía

[1] Borza, I. (2012). Review of the Implementation in the EU of Area K of the Beijing Platform for Action: Women and Environment. European Institute of Gender Equality.

[2] Kruse, J. (2014). Women’s representation in the UN climate change negotiations: a quantitative analysis of state delegations, 1995–2011. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 14(4), 349-370.

[3] Kronsell, A. (2017). The contribution of feminist perspectives to climate governance. In Understanding climate change through gender relations (pp. 104-120). Routledge.

[4] Markkanen, S., & Anger-Kraavi, A. (2019). Social impacts of climate change mitigation policies and their implications for inequality. Climate Policy, 19(7), 827-844.

[5] Bhatta, B., Karna, A. K., Dev, O. P., & Springate-Bagniski, O. (2008). Participatory forest management in the Nepalese Tarai: Policy, practice and impacts. In O. Springate-Bagniski (Ed.), Forest, people and power: The political ecology of reform in South Asia (pp. 177–220). London: EarthScan.

[6] Gomez-Echeverri, L. (2018). Climate and development: Enhancing impact through stronger linkages in the implementation of the Paris agreement and the sustainable development goals (SDGs). Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 376, 20160444.

[7] Klinsky, S., Roberts, T., Huq, S., Okereke, C., Newell, P., Dauvergne, P., … Bauer, S. (2016). Editorial: Why equity is fundamental in climate change policy research. Global Environmental Change, 44, 170–173.

[8] Nhantumbo, I., & Camargo, M. (2015). REDD+ for profit or for good? Review of private sector and NGO experience in REDD+ projects. London: International Institute for Environment and Development (IIED. Retrieved from http://pubs.iied.org/pdfs/17570IIED.pdf

[9] Rosenow, J., Platt, R., & Flanagan, B. (2013). Fuel poverty and energy efficiency obligations – a critical assessment of the supplier obligation in the UK. Energy Policy, 62, 1194–1203.

[10] Klinsky, S., & Winkler, H. (2018). Building equity in: Strategies for integrating equity into modelling for a 1.5°C world. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical,Physical and Engineering Sciences, 376, 20180115.

[11] Ürge-Vorsatz, D., Tirado Herrero, S., Dubash, N., & Lecocq, F. (2014). Measuring the co-benefits of climate change mitigation. Annual Review of Environment and Resources, 39, 549–582.

[12] von Stechow, C., McCollum, D., Riahi, K., Minx, J., Kriegler, E., van Vuuren, D.,…Edenhofer, O. (2015). Integrating global climate change mitigation goals with other sustainability objectives: A synthesis. Annual Review of Environment and Resources, 40, 363–394.

[13] Clancy, J. S., Skutsch, M., & Batchelor, S. (2003). The Gender-Energy-Poverty Nexus: Finding the energy to address gender concerns in development. DFID project CNTR998521.

[14] Clancy, Joy, Fareeha Ummar, Indira Shakya and Govind Kelkar (2007) ‘Appropriate gender analysis tools for unpacking the gender–energy–poverty nexus’, Gender & Development, 15:2, 241–257.